(cifras del Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, año 2003)

• En 2003, hubo siete comunidades (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia) que carecían claramente de ocupados suficientes para pagar a sus pensionistas, porque la proporción no alcanzó el mínimo necesario de 2,1 trabajadores por cada jubilado.
   
• A este grupo hay que sumar el País Vasco y La Rioja, que, si bien no llegaron a la correspondencia requerida, sí la rozaron, al quedarse tan sólo a 0,1 y 0,08 puntos, respectivamente.

Este problema entre comunidades se subsana por el principio de solidaridad que rige el sistema español de la Seguridad Social. Esa solidaridad se basa en el “principio de caja única”, por el cual todas las cotizaciones y prestaciones, cualquiera que sea su origen territorial y su destino, entran y salen de la misma “hucha”.

• En 2003, Canarias, Madrid, Baleares y Murcia fueron las comunidades que más colaboraron al sostenimiento del sistema, seguidas de Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía.
   
• En el otro extremo de la lista, se situó Asturias, y muy cerca, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco y La Rioja.

(cifras del Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, enero 2007)

• Los pensionistas del País Vasco y Asturias cuentan con las prestaciones medias por jubilación más elevadas de España, mientras que en Galicia, Extremadura y Murcia se registran las más bajas.

• En cuanto a las pensiones medias de viudedad, las más altas corresponden al País Vasco y Madrid; y las más bajas a Galicia, Baleares y Murcia.

• Las pensiones medias de incapacidad permanente más altas se hallan en el País Vasco y en Asturias. En el otro extremo de la lista, se encuentra Extremadura y Murcia, con las pensiones más bajas.

1. DE ENTRADA: Murcia tiene 2,41 trabajadores en activo por cada jubilado. Esta cifra se sitúa por encima de los 2,1 necesarios para poder pagar una pensión de jubilación, lo que quiere decir que los murcianos pagamos pensiones de jubilación de otros territorios, entre ellos, curiosamente, Aragón (1,89 empleados por jubilado) o Castilla-La Mancha (1,88 empleados por jubilado). Ninguna de estas dos comunidades llega al mínimo de 2,1 necesario para poder sostenerse por sí misma, por lo que precisan de “trasvases” de fondos para pagar estas pensiones.
    
2. DE SALIDA: Las pensiones, evidentemente, tampoco son todas iguales; hay territorios donde son más elevadas que otros. Curiosamente, las pensiones de Murcia, Extremadura y Galicia son las más bajas de España, frente a las de Castilla-La Mancha y, sobre todo, Aragón, sensiblemente más elevadas. Lo mismo ocurre con las pensiones por incapacidad permanente, donde las de Murcia, junto con las de Extremadura, son las más bajas.

Vista esta información, se puede pensar que la solución a los problemas fuese la abolición del Estado autonómico, como parece leerse entre líneas en el discurso del Gobierno murciano. Sin embargo, cualquier análisis medianamente realista sabe que esto no pasa de ser un puro ejercicio de voluntarismo, absolutamente irrealizable y que cada vez que se ha llevado a cabo sólo ha servido para generar ruina y exilio.

Una eficaz vertebración del Estado español es objetivamente irrenunciable y necesaria para organizar la realidad política e histórica con la que trata. Lo que deben saber los representantes políticos de los murcianos es que han de tener la inteligencia y la habilidad suficiente para obtener en justicia aquello que debe correspondernos, ya que todos los territorios aportan y obtienen determinados tipos de recursos.

Lo que resulta evidente después de doce años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Murciana es que su discurso antiautonomista, al que visten con el traje “solidaridad”, se muestra absolutamente inútil, visto el éxito y el papel cada vez menos influyente en las instituciones centrales de los intereses de nuestra tierra, sea cual sea el gobierno que esté en Madrid.

Por otro lado, las posiciones tibias y pusilánimes del PSRM-PSOE, que acusa al PP de “nacionalismo hidráulico”, no parece que vayan a ser la solución, porque al discurso falso de afirmación murciana del actual Gobierno autonómico, éstos oponen un mensaje aún más lejano de la defensa de nuestra identidad, que es absolutamente inevitable para cualquier grupo humano que quiera defender sus intereses.