Cuando se planteó la estructura del Estado autonómico en la Transición, éste se hizo coincidir casi exactamente con el mapa de los reinos históricos, excepto para el caso del Reino de Murcia, que volvió a sufrir fracturas y mutilaciones, como en cada una de las ocasiones anteriores en las que se había planteado una vertebración del Estado español.

De esta manera, y a pesar de la idoneidad del momento para abordar una completa reorganización territorial en la Cuenca del Segura, todos los intentos de Murcia fracasaron. Nuevamente. No se pudo conservar la unidad regional con Albacete (o, al menos, con algunas de sus comarcas) ni tampoco favorecer la integración de municipios limítrofes de Alicante y Almería.

En 1982 se aprobaba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, y en su virtud, el territorio de ésta no era más que el de la provincia de Murcia. Fue mayor el peso de una división provincial relativamente reciente, basada en criterios exclusivamente administrativos, que cualquier otra consideración de índole geográfica, histórica, lingüística, económica, social o cultural.

Con el paso de los años, el Estado de las Autonomías se ha consolidado. La alteración de los límites territoriales de las Comunidades se presenta, a día de hoy, como más que improbable. Sin embargo, la cultura de los territorios de la Cuenca del Segura no ha variado y, a pesar de los intentos uniformizantes de algunas autonomías, todos estos rasgos comunes se mantienen y sigue poniendo de manifiesto la existencia de una nacionalidad común, compartida por todos ellos.
 

En la actualidad, la única solución “factible” parece ser la propuesta por el letrado velezano Ángel Custodio Navarro Sánchez. Según este jurista, la Región de Murcia, como principal valedora de la cultura “murciana” (de la Cuenca del Segura), debería incorporar a su Estatuto de Autonomía una previsión similar a la ya contenida en los Estatutos de Cataluña y País Vasco, con el siguiente tenor literal: